Desde el ICAB, facilitamos a nuestros colegiados/as las conclusiones a las que se ha llegado durante la celebración de esta sesión de trabajo.

Conclusiones:

PRIMERA. Importancia de las MASC. El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva exige ofrecer a la ciudadanía la vía más idónea para solucionar cada conflicto, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto. Defendemos la necesidad de desjudicializar la solución de los conflictos situando en pie de igualdad a los diferentes MASC contemplados en el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal, además del arbitraje, en todos los órdenes jurisdiccionales, respecto de las materias de libre disposición de las partes.

SEGUNDA. Derecho de asistencia jurídica gratuita. Para que la decidida apuesta por las MASC que hace el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal sea verosímil, la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita debe fomentar de forma decidida los MASC, y por tanto la consecución de acuerdos extrajudiciales entre las partes, que pongan fin o eviten la judicialización de los conflictos. A estos efectos es necesario modificar la Ley 1/96 para que garantice la equiparación de la retribución de los abogados y abogadas del Turno de Oficio con qué intervención se evite o ponga fin al proceso judicial, a los supuestos en que se tramita de forma íntegra el procedimiento judicial.

TERCERA. Sistema actual de los juzgados de paz. La nueva configuración de la oficina judicial municipal prevista en la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia no puede suponer la supresión del actual sistema de justicia de paz, ni la pérdida de las competencias que actualmente ejercen, dado su arraigo en el territorio y el eficiente servicio público de proximidad que presta. Los actuales juzgados de paz se pueden y deben integrarse en las nuevas oficinas de justicia municipal, dado que no son estructuras organizativas incompatibles entre sí, sino al contrario, son complementarias.

CUARTA. Especialización judicial. En la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia es necesario garantizar juzgados especializados en el ámbito del derecho de familia, capacidad y los derechos de la infancia y la adolescencia, que asegure el conocimiento de las personas que integran la oficina judicial en este ámbito tan sensible del Servicio Público de Justicia, garantizando las infraestructuras necesarias de la Justicia en todo el territorio.