La proposición pretende la modificación del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria a fin de que sean declarados como agentes de la autoridad los funcionarios pertenecientes al cuerpos o escalas de Instituciones Penitenciarias, a fin de dar seguridad jurídica al trabajo que realizan y evitar que se dicten decisiones judiciales dispares.

También se pretende conferir a sus manifestaciones o informes de relevancia probatoria, pudiendo ser considerados suficientes para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario, en los procedimientos disciplinarios regulados en la Ley orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.

Además, se propone añadir un nuevo apartado al artículo 80, el número 5, que incorpore una precisión dirigida a garantizar el principio de indemnidad en toda su dimensión, para que éste no quede en un plano meramente teórico, imponiendo al Administración la obligación de resarcir a los funcionarios penitenciarios en los supuestos de daños materiales o personales sufridos como consecuencia del ejercicio de su actividad profesional, siempre que no haya intervenido dolo, negligencia o impericia grave.

Por último, también se introduce un nuevo apartado estableciendo ciertas garantías en los supuestos en que los funcionarios y funcionarias penitenciarios sean ingresados ​​en prisión, en el sentido de aseguramiento de su separación de otro tipo de internos e internas.

Se prevé la entrada en vigor de esta proposición para el día siguiente al de su publicación en el BOE.

• https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-105-1.PDF 
  [INICIATIVAS LEGISLATIVAS. CORTES GENERALES]