El ICAB analiza el papel de los operadores jurídicos en la transmisión de participaciones ante la reforma que planteaba el proyecto de la Ley de integridad pública
Este lunes, 16 de noviembre de 2026, la Comisión de Normativa del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha celebrado la conferencia "Quien garantiza la transmisión de participaciones? Los operadores jurídicos ante la reforma que planteaba el proyecto de la Ley de integridad pública", una sesión dedicada a analizar las implicaciones de la reforma legislativa en el ámbito de la transmisión de participaciones y el papel de los diferentes operadores jurídicos.
El acto ha contado con la presentación de Octavio Gracia, diputado de la Junta de Gobierno responsable de la Comisión de Normativa.
La conferencia ha reunido voces destacadas del ámbito jurídico, como José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Cataluña; Yolanda Ríos, magistrada de la Sección Mercantil del Tribunal de Instancia de Barcelona; Juan Enrique Ballester, registrador mercantil de Tarragona; Daniel Vázquez, catedrático de Derecho Mercantil, y Carmen del Castillo, presidenta de la Sección de Derecho Mercantil del Colegio.
La sesión, moderada por Maria Sanz, vocal de la Comisión de Normativa de la ICAB, permitió abordar la cuestión desde las diferentes perspectivas profesionales e institucionales implicadas, poniendo el foco en las garantías jurídicas en la transmisión de participaciones y los retos que planteaba la reforma legislativa.
La mesa redonda ha analizado la reforma (ahora decaída, pero que podría volver) que permitiría transmitir participaciones de sociedades limitadas por documento privado electrónico, con inscripción constitutiva al Registro Mercantil.
Principales aspectos abordados:
- Una firma electrónica y un formulario no sustituyen el control jurídico previo de abogados, notarios y registradores.
- Entre la compraventa y la inscripción, el vendedor seguiría siendo el socio reconocido, cosa que afectaría el voto, los dividendos y la protección del adquirente, y podría aumentar la litigiosidad.
- Se perdería parte de la trazabilidad y la capacidad de prevención del blanqueo que ofrece el Índice Único Notarial.
- Transparencia no tiene que querer decir publicidad indiscriminada, y un registro con efectos constitutivos tendría que garantizar el acceso a quien tenga interés legítimo.
- La calificación registral podría retardar operaciones complejas y provocar bloqueos.
Aspectos positivos y alternativas:
Mejorar la publicidad de embargos y prendas sería positivo. Se propone mantener la intervención notarial aprovechando los datos existentes, facilitar el acceso al libro registre de socios y preparar una reforma más consensuada.
En conclusión, hay que modernizar y mejorar la transparencia sin sacrificar la seguridad jurídica preventiva.
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