En el marco del 'I Foro Nacional sobre los derechos de las personas con discapacidad', organizado por el Observatorio de los Derechos de las Personas del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y el Instituto I+DRET, se ha puesto de manifiesto, entre otros, el difícil acceso de las personas discapacitadas al mundo laboral, así como la necesidad de reformar la ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) para garantizar los derechos de las personas con discapacidad durante los procesos penales en los que puedan verse inmersos.

El decano de la abogacía barcelonesa, Jesús M. Sánchez, junto con la presidenta del Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC), Marta Martínez Gellida, y el secretario general del Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya, Raúl Moreno, han inaugurado este foro.

Durante el acto inaugural, el decano de la abogacía de Barcelona, ​​Jesús M. Sánchez, ha destacado la función social de la abogacía de velar por los derechos de todas las personas y, especialmente, de los colectivos más vulnerables, y en este sentido ha resaltado la importante labor que se está desarrollando desde el Observatorio de los Derechos de las Personas y el Instituto I+DRET para generar espacios de reflexión y de debate en torno a problemáticas reales que necesitan de nuevas leyes y propuestas legislativas para alcanzar una mejor defensa de sus derechos e intereses. Y ha añadido: "desde la abogacía ofrecemos la máxima colaboración y apoyo en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad".

La presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC), Marta Martínez Gellida, ha hablado del avance que ha supuesto el Decreto Ley por el que se ha adaptado el Código Civil de Cataluña a la reforma del procedimiento de modificación judicial de la capacidad y de la necesidad de seguir mejorando la legislación para poder dar una respuesta real a las necesidades y problemáticas de las personas con discapacidad.

El secretario general del Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya, Raúl Moreno, ha destacado que se está trabajando en un 'Plan Nacional de Inclusión a las Personas con Discapacidad', que se presentará antes de finalizar el año, y que será una herramienta que aborde, desde el punto de vista legislativo, presupuestario y de políticas públicas, todos los retos que tienen los ciudadanos con discapacidad, de acuerdo con los principios de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, del año 2006.

La jornada se ha iniciado con una ponencia inaugural sobre "Cómo la inteligencia artificial puede facilitar la vida de las personas con discapacidad" a cargo de Verónica Rodrigo, responsable de Comunicación de ViveLibre, quien ha mostrado cómo este servicio de teleasistencia móvil avanzado puede contribuir a ayudar a las personas con discapacidad.

A continuación, se han celebrado cuatro conferencias para analizar de forma transversal las problemáticas actuales de las personas con discapacidad.

La primera conferencia ha abordado "Las estrategias para superar barreras en el ámbito laboral para personas con discapacidad" con las intervenciones de Ricard Esteve, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universitat Autònoma de Barcelona; José Moragues, abogado especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social y vicedecano del Colegio de la Abogacía de Lleida; y la moderación de Mª Jesús Pesqueira, directora del Instituto I+ DRET y decana Facultad de Derecho y Empresa Abat Oliba-CEU. Los ponentes han analizado el "Libro blanco para la formación, empleo y trabajo de las personas con discapacidad" y han coincidido en alertar de bajo índice de personas con discapacidad que consiguen un puesto de trabajo en el mercado laboral ordinario, la mayoría de los cuales pertenece al sector servicios.

La segunda mesa ha abordado "Las deficiencias y retos en la legislación procesal Penal respecto a las personas con discapacidad" con las intervenciones de Javier Hernández, magistrado Sala 2ª del TS; Fernando Santos, fiscal especialista en Discapacidad, delegado de la Sección de Apoyo a las Personas con Discapacidad y Mayores en Andalucía; y Miguel Capuz, abogado penalista y miembro Consejo Asesor Observatorio de Derechos de las Personas del ICAB; bajo la moderación de Erika Torregrossa, copresidenta del Observatorio de los Derechos de las Personas del Colegio de la Abogacía de Barcelona.

Los ponentes han alertado sobre la invisibilidad de la discapacidad en el derecho penal (LECrim), ya que actualmente se está juzgando a todas las personas discapacitadas sin tener en cuenta su condición, por lo que han coincidido en la necesidad de reclamar una nueva ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de contar con un estatuto procesal de la persona discapacitada investigada ya que si no se está penalizando doblemente a las personas con discapacidad que están inmersas en un procedimiento penal. Además, ha añadido Capuz que «esta norma debe ir acompañada de una partida económica para que pueda aplicarse de forma efectiva». Santos ha expuesto: «Uno de los problemas más habituales con los que se encuentran las personas discapacitadas son los juicios rápidos. Las personas con discapacidad cometen hechos fragantes y no hay tiempo material para advertir que existe una incapacidad latente».

Por su parte, el magistrado Javier Hernández ha expuesto que actualmente el ordenamiento jurídico cuenta con normas que sí contemplan artículos que pueden tenerse en cuenta en los procesos penales con personas con discapacidad y, a su vez, ha hecho hincapié en la normativa europea vigente, pendiente de transponerse en España.

La tercera mesa ha analizado la situación de las familias que tienen algún miembro discapacitado, especialmente si son menores y adolescentes- así como las problemáticas de menores no acompañados, que por razón de su situación no cuenta con el apoyo cercano de la familia. La mesa ha sido moderada por Montse Pintó, diputada Junta de Gobierno del ICAB, y ha contado con las ponencias de Silvia Giménez-Salinas, copresidenta del Observatorio de Derechos de las Personas y decana emérita del ICAB, y Xavier Campà, abogado y presidente de la sección de los Derechos de la Infancia y Adolescencia del Colegio. Ambos han ofrecido una visión profunda sobre la problemática que deben afrontar las familias y menores con discapacidad.

En el marco de esta mesa se ha contado también con el testimonio de Mariana López Luppo, madre de una niña con síndrome de Dravet, y Cristina Núñez, psicóloga clínica de la Asociación Adopta y madre acogedora de dos menores con discapacidad.

El Fórum se ha cerrado con la celebración de la mesa sobre "El papel de los poderes públicos en la vigilancia y promoción de la implementación efectiva de políticas para las personas con discapacidad", que ha moderado Núria Flaquer, diputada de la Junta de Gobierno ICAB y responsable de la Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en la que han participado Victor Galmes, gerente de DINCAT; Mercè Batlle, presidenta de COCARMI y Pilar Díaz, exsecretaria de Estado de Servicios Sociales y profesora UB y UOC.

Su participación ha sido vital para realizar una radiografía de los muchos ámbitos que quedan por mejorar. Por este motivo, de esta última mesa ha surgido el compromiso de elaborar un manifiesto para dar a conocer a la sociedad las necesidades de las personas con discapacidad con el objetivo de concienciar a la ciudadanía de sus necesidades y ponerle remedio.