La Sección de Derecho de Familia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha resaltado que se puede reclamar el daño moral cuando se impongan las pensiones alimentarias. Así se ha dado a conocer en el marco del 3er Congreso de Derecho de Familia que se ha celebrado en la sede del Colegio de la Abogacía de Barcelona y que ha sido seguido por más de 200 juristas expertos en Derecho de Familia.

El 3er Congreso de Derecho de Familia ha sido inaugurado por Jesús M. Sánchez, decano de la abogacía barcelonesa; Joaquim de Miquel, secretario de la Junta de Gobierno del ICAB; y Carmen Varela, vicepresidenta de la Sección de Derecho de Familia del ICAB, quienes han destacado la importancia de este Congreso como herramienta para abordar las principales problemáticas y normativas que se encuentra la abogacía que ejerce en este ámbito.

El Congreso se ha estructurado en cuatro ponencias magistrales. La primera, sobre el impago de las pensiones alimenticias, ha ido a cargo de Vicente Magro, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Magro ha expuesto la dureza y el sufrimiento de personas que deben hacer frente a la crianza de los hijos con la dificultad añadida de no contar con el pago efectivo de las pensiones alimenticias. Este sufrimiento derivado del impago de la pensión alimenticia es un daño moral reclamable.

Durante la segunda ponencia magistral, Laura Díez, catedrática de Derecho Constitucional de la UB y magistrada del Tribunal Constitucional, ha dado a conocer la última jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre Derecho de Familia. Díez ha hecho hincapié en que el TC ha puesto el foco en el interés superior del menor y sus derechos.

La tercera sesión ha versado sobre la maternidad subrograda, con las intervenciones de Vincenzo Barba, doctor en Derecho y catedrático de Derecho Civil de la Universidad La Sapienza de Roma, y ​​de la abogada Beatriz Huerga. Precisamente, durante sus intervenciones han comentado la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que reconoce que los niños nacidos por gestación subrogada fuera de España puedan registrarse en España.

La última ponencia magistral del Congreso ha tratado sobre los delitos en derecho de familia con el abogado Miguel Capuz y la magistrada del Juzgado de Instrucción núm.. 31 de Barcelona, ​​Mª Isabel Hernando Vallejo. En esta, se ha puesto de manifiesto la interrelación existente entre el Derecho de Familia y aspectos del derecho penal.

Estas sesiones magistrales se han complementado con dos talleres prácticos. Isabel Winkels, abogada y vicedecana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), ha presentado el taller sobre Justicia Sostenible de las familias en el que han intervenido Xavier Abel, magistrado del Juzgado de Primera Instancia núm. 14 de Barcelona; Francisca Fariña, catedrática de psicología básica y psicología Jurídica del Menor de la Universidad de Vigo y presidenta de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, y Mila Arch, psicóloga forense y profesora de la Universitat de Barcelona. En el marco de esta actividad práctica se ha presentado la "Guía para el ejercicio de la Parentalidad positiva".

El segundo taller, presentado por Flor Carrasco, vicedecana del Colegio de la Abogacía de Málaga, ha versado sobre Derecho procesal de familia y ha contado con las intervenciones de la abogada Cristina Martínez y de Ernest Pascual Franquesa, magistrado de la Sección 12ª de la Audiencia de Barcelona.

Para cerrar el Congreso se ha realizado un foro de debate con Javier Pereda, presidente de la Sección 18 de la Audiencia de Barcelona, ​​y Almudena Izquierdo, magistrada del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Hospitalet de Llobregat.

La clausura del Congreso ha ido a ir a cargo de la presidenta y vocal de la Sección de Derecho de Familia, Cristina Díaz-Malnero, y Rosa Maria Barberá, respectivamente, y la abogada y miembro de la Comisión de Normativa del ICAB Cristina Vallejo. Precisamente, en sus intervenciones han coincidido en la necesidad de contar con tribunales especializados en infancia, familia y capacidad para conseguir una justicia de servicio público, real y efectivo para poder asegurar la igualdad de los ciudadanos independientemente de su lugar de residencia.