Juristas y profesionales del ámbito inmobiliario alertan de la creciente inseguridad jurídica en relación con el derecho a la propiedad privada. Así se ha puesto de manifiesto durante la celebración del IV Congreso de Derecho Inmobiliario, que ha sido organizado por el Colegio de la Abogacía de Barcelona con la colaboración del Consell de l’Advocacia Catalana; el Colegio Notarial de Cataluña; la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona; los Registradores de Cataluña; la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC), el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Barcelona; el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida; y la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña.

Jesús M. Sánchez García, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona; Immaculada Barral Viñals, directora general de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación de la Generalitat de Cataluña y Cristina Vallejo Ros, abogada y coordinadora de formación del ICAB, han inaugurado este Congreso que se ha celebrado el 8 de noviembre en el Palauet Casades, sede de la abogacía barcelonesa.

El Congreso se ha estructurado en cinco mesas de análisis (se puede consultar el programa detallado en este enlace) y lo han seguido más de 400 participantes, entre presenciales y on-line.

El Congreso se ha iniciado con el análisis de los efectos de la regulación del mercado de alquiler; el impacto social y económico y las áreas tensionadas. Los juristas y profesionales del ámbito inmobiliario que han participado como ponentes en esta primera mesa han resaltado que la legislación actual y especialmente la ley de vivienda estatal contribuirá a agravar los problemas de accesibilidad a un piso o inmueble, puesto que no contribuye al necesario equilibrio entre los derechos de los propietarios y arrendatarios de inmuebles. Contiene medidas de distinto tipo que afectan al comportamiento de los particulares, empresas privadas y fondos de inversión; entre ellas el establecimiento de límites a la actualización de las rentas de los alquileres.

La segunda mesa del Congreso ha servido para abordar la okupación delincuencial, sus consecuencias jurídicas y la normativa existente para dar solución a esta problemática. El abogado penalista del ICAB Emilio Zegrí ha recordado que el derecho a una vivienda está recogido en la Constitución Española y ha expuesto que la ocupación delincuencial debería considerarse siempre como un delito flagrante ya que es un delito permanente. Por lo tanto no debería considerarse que es flagrante solo cuando se denuncia dentro de las 24 horas posteriores a la okupación delincuencial del inmueble. Zegrí ha sentenciado: "hay que empeñarse en hacerlo constar de esta forma en las demandas y denuncias".

En la tercera mesa se ha tratado cómo la mediación y otros ADR pueden contribuir a resolver conflictos vinculados con el Derecho a la vivienda. Los ponentes han coincidido en resaltar que los juzgados están totalmente colapsados y han mostrado cómo los ADR, especialmente la mediación y el arbitraje, pueden ser vías útiles y eficientes para resolver conflictos inmobiliarios. En este sentido, Carles Garcia Roqueta, abogado y diputado de la Junta de Gobierno del ICAB, ha destacado el papel de la abogacía como pacificador social y cómo la mediación puede ser una vía eficiente que las partes en conflicto tienen a su alcance para encontrar una solución a las discordias que se generan en este ámbito.

En el marco de la mesa sobre la celeridad y seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, así como los aspectos registrales de los apartamentos turísticos, Marta Legarreta, abogada y presidenta de la Sección de Derecho Civil del ICAB, ha expuesto la redefinición que se está produciendo del derecho de propiedad del artículo. 33 de la CE por la afectación de la Ley por el Derecho a la Vivienda en el ámbito de los arrendamientos urbanos. "Es una situación que rompe la garantía de seguridad jurídica", ha afirmado. También se ha hecho mención a que la ley estatal de vivienda tiene un vacío legal en relación a los pisos turísticos y, por otra parte, la aprobación por parte de la Generalitat de Cataluña, justamente el pasado 7 de noviembre, de un decreto con el que se pretende reducir el número de viviendas de uso con fin turístico.

La quinta y última mesa del Congreso ha versado sobre cómo recuperar la posesión del bien inmueble y la vulnerabilidad. En ésta se ha puesto de manifiesto que la okupación delincuencial no se trata de un conflicto en el que se contrapongan el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda, ya que la ocupación no es un título legítimo para poder poseer. También se ha recordado que el ICAB presentó enmiendas al proyecto de ley de eficiencia procesal para modificar la LECrim, proponiendo la incorporación de un nuevo artículo, el 544 sexies, y la modificación del artículo 13 para disponer de una medida cautelar inmediata que permita el desalojo de la persona que ocupa ilegalmente una vivienda, contra la voluntad del propietario, ya sea éste, una persona física o jurídica, con el objetivo de contribuir a agilizar el proceso de recuperación de la posesión.

Este análisis exhaustivo y transversal sobre el Derecho inmobiliario ha sido posible gracias a la participación de una veintena de expertos procedentes del ámbito académico, registral, notarial, la abogacía, la procura, la economía, la magistratura, la administración de fincas, así como agentes inmobiliarios, promotores y constructores de viviendas.

La clausura ha contado con las intervenciones de Jesús M. Sánchez, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona; Encarna Orduna Pardo, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC); Vicente García-Hinojal López, decano del Decanato Autonómico de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de Cataluña; Xavier Vilajoana Eduardo, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE); Raquel Iglesias Pajares, vicedecana del Colegio Notarial de Cataluña; Lorenzo Viñas Periz, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida (CAFBL); Gerard Duelo Ferrer, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona (API) y Pere Ribera Sellarés, presidente del Consejo de Cámaras de la Propiedad de Catalunya.

El decano del ICAB ha destacado la necesidad urgente de abordar de forma transversal y profunda la problemática sobre el derecho a la vivienda y todos los aspectos derivados de la misma. Asimismo, ha hecho hincapié en que todos los profesionales del sector inmobiliario deben poder contribuir con su conocimiento y experiencia para aportar soluciones para afrontarlo.

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