Notarios, abogacía, procuradores, arquitectos, agentes inmobiliarios, economistas y administradores de fincas se han conjurado este lunes para dar una respuesta multidisciplinar a la crisis de la vivienda desde sus ámbitos profesionales, interpelando también a la Administración y valorando los últimos cambios legislativos en la materia. El Colegio Notarial de Cataluña ha acogido este lunes la jornada “La vivienda en Cataluña: ¿un derecho ‘real’?”, que ha reunido a los representantes de los colegios profesionales relacionados con el mercado de la vivienda y la crisis que atraviesa este derecho.

El encuentro ha puesto sobre la mesa datos como la caída de la compra de viviendas por parte de extranjeros y la decisión de algunos propietarios de retirar viviendas del mercado del alquiler ante los cambios legislativos. Una situación que varios de los ponentes han definido como de inseguridad jurídica, y que alertan se ve acentuada en un contexto preelectoral.

El decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín Sánchez, ha insistido en la importancia de que la Administración diseñe sus políticas a partir de datos fiables sobre la situación del mercado de vivienda. “Una política de vivienda sin datos es como un viaje sin brújula”, ha advertido. En este sentido, él mismo ha presentado algunos basados en las estadísticas notariales de compraventas.  

El decano de los notarios también ha avisado de uno de los efectos secundarios que pueden comportar las regulaciones que buscan garantizar el derecho en la vivienda de las personas vulnerables. Marín insistido en que es imprescindible por parte de las administraciones públicas la protección de las personas vulnerables, y ha alertado de que medidas como congelar los alquileres y prorrogar los contratos pueden romper los “flujos habitacionales” habituales, en los que una persona accede a lo largo de su vida a un alquiler más caro o finalmente a una compra, y pueden suponer “poner un tapón” que impida que personas vulnerables accedan a una vivienda. 

"Sois imprescindibles, la Administración sola no puede"

La secretaria de Vivienda de la Generalitat, Lidia Guillén, ha centrado su intervención en la necesidad de una respuesta multidisciplinar y que tenga en cuenta todos los derechos implicados, desde la protección de las personas vulnerables hasta la seguridad jurídica de los propietarios. “Estamos convencidos del derecho a la vivienda sin dañar otros derechos. Seguramente, para garantizar el derecho a la vivienda hay que hacer regulaciones que impacten en otros derechos”, ha avisado Guillén. En este sentido, la secretaria de Vivienda ha señalado que se trata de un derecho “poliédrico” en el que ven implicados distintos ámbitos de competencias, algunas ajenas a las comunidades autónomas.  

“No tenemos un sistema público de vivienda como lo tenemos con la sanidad”, ha admitido Guillén, que también es arquitecta, y ha mostrado su voluntad de crearlo junto con los colegios y agentes profesionales implicados. “La voluntad del Govern es que todos sumemos. Sois imprescindibles, la Administración sola no puede hacer esto”, ha dicho a los máximos representantes de siete colegios profesionales implicados en el mercado de la vivienda.

Así, han compartido impresiones la decana del Colegio de Arquitectos de Cataluña, Sandra Bestraten;  la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, Montserrat Junyent; el decano del Colegio de Economistas de Cataluña, Carlos Puig de Travy; el decano del Colegio de Procuradores de Barcelona, Javier Segura; la decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo; el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, Lorenzo Viñas; además del decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín. Ha moderado la jornada la periodista Maite Gutiérrez, de La Vanguardia.

Alquilar en Barcelona, "prácticamente imposible"

El decano del Colegio de Economistas de Cataluña, Carlos Puig de Travy, ha puesto como ejemplos del impacto de la crisis de la vivienda el hecho de que un trabajador no se pueda trasladar al lugar donde ha recibido una oferta laboral. “La empresa no puede atraer los perfiles calificados por su tarea, esto impide la economía normal”, ha advertido. En cuanto a cómo encaminar las soluciones, ha propuesto aumentar de manera sostenida la oferta de vivienda asequible y libre, construir un parque de vivienda social permanente, mejorar la coordinación entre la Administración y otros agentes implicados, y dedicar “recursos públicos y suficientes”, sobre todo a las personas que no tienen acceso al mercado de la vivienda.

La decana del Colegio de Arquitectos de Cataluña, Sandra Bestraten, ha advertido de que construir viviendas es “lento y costoso”. En este sentido, ha alertado de que la mano de obra está “en una situación crítica: el precio se encarece, y cuando sea más escasa, el precio todavía irá subiendo más”, ha avisado Bestraten. Además, ha recordado que la industrialización en el sector de la construcción es alrededor del 2%. Además de extender la industrialización, para acortar los plazos de construcción ha mostrado la voluntad de ayudar a la Administración a acortar los plazos para conceder licencias, que ahora es de un año de media. 

Desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, su presidenta, Montserrat Junyent, ha coincidido con los otros agentes del sector en que la crisis de la vivienda afecta distintos ámbitos y por eso “requiere una respuesta colectiva”. “Reivindicamos un pacto lo más transversal posible para hacer efectivo el derecho a la vivienda”, ha reclamado Junyent. También ha alertado de que España está “a la cola” de vivienda social en Europa, y ha señalado el “déficit de creación de hogares, muy por detrás de las necesidades de la población” mientras el precio medio de la vivienda sube. “A día de hoy, alquilar una vivienda en Barcelona y en su área metropolitana es prácticamente imposible”, ha concluido.

Propietarios que retiran su piso del mercado

El decano del Colegio de Procuradores de Barcelona, Javier Segura, ha planteado que limitar el aumento de los precios del alquiler por debajo de lo que puede aumentar el IPC implica dejar “sin rentabilidad al propietario”, lo que puede animarlos a retirar su vivienda del mercado de alquiler. Atribuye un efecto similar a la regulación del alquiler de habitaciones. Segura ha defendido que “los principales perjudicades son los estudiantes” que buscan alquilar un piso compartido, porque al limitar el precio del conjunto de habitaciones al equivalente regulado del precio total del piso, “los propietarios están cambiando de perfil” y buscando otro tipo de inquilinos.

También ha expuesto esta “desmotivación” de los propietarios para arrendar el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona i Lleida, Lorenzo Viñas. También ha planteado que algunas familias se ven obligadas a elegir entre una vivienda en su lugar de origen y cubrir otros gastos básicos, lo que da situaciones de “desarraigo, rompe redes vecinales y genera sensación de injusticia”. Viñas ha defendido que “no es un fallo del mercado, es un fallo de país”, y ha señalado que en los últimos 10 años se han aprobado 34 normas relacionadas con la vivienda, mientras que en los cinco años anteriores se aprobaron cinco. “Quizás hay un exceso normativo”, ha planteado.

La decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo, también ha hecho referencia al impacto que tiene la regulación de la vivienda para los propietarios. “En tres días, 4.972 viviendas retiradas del mercado por inseguridad jurídica”, ha dicho en referencia a la entrada en vigor de los últimos decretos del Gobierno en materia de vivienda. Vallejo ha usado el ejemplo de un propietario que intentara litigar un desahucio en 2022, cuando estaba en vigor la moratoria por la pandemia de coronavirus que se prorrogó hasta 2026.  Ahora, tras la entrada en vigor de los decretos se aplica una nueva prórroga hasta 2030.