• La propuesta relativa a multirreincidencia propone una modificación del Código Penal para imponer una pena de prisión de uno a tres años a las personas que hayan sido condenadas antes por tres delitos de hurto sin tener en cuenta la suma del valor de los bienes sustraídos. También se propone que el robo de los móviles sea considerado un delito menos grave al margen del importe del valor de ese dispositivo.
  
• La propuesta sobre okupación ilegal incluye la adopción de una medida cautelar de desalojo inmediato en un plazo de 48 horas cuando el ocupante no puede aportar un título de posesión legítimo, cuando la okupación implique poner en peligro la vivienda y/o el edificio o cuando provoque problemas de convivencia vecinal.

El decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Jesús M. Sánchez, ha presentado ante representantes públicos y medios de comunicación las nuevas propuestas legislativas formuladas por la abogacía barcelonesa, impulsadas por el Instituto I+Dret (Barcelona, Madrid y Málaga) y la Comisión de Normativa para ayudar a combatir la okupación ilegal y la multirreincidencia.

El decano ha hecho un repaso de la valiosa aportación de la abogacía barcelonesa desde hace décadas para aportar soluciones desde el ámbito de la normativa que contribuyan a solucionar problemáticas que afectan a la ciudadanía. En este sentido ha destacado que el objetivo de estas propuestas es buscar normas disuasorias para combatir la multirreincidencia y medidas para combatir la okupación ilegal.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicado que la inseguridad es la principal preocupación de la ciudadanía, no solo de Barcelona, sino de toda el Área Metropolitana. "Necesitamos más recursos judiciales y también herramientas más efectivas a nivel legal. Como alcalde de Barcelona estaré junto a iniciativas como las que hoy presenta el ICAB y de cualquiera que pueda ayudar a mejorar la seguridad y la convivencia en la ciudad. Si una política pública no funciona debe modificarse hasta que funcione".

Collboni ha querido destacar que desde el Ayuntamiento de Barcelona se pondrán todos los recursos disponibles y, en este sentido, ha explicado que el consistorio ha creado una Comisión de Estudio con todos los grupos municipales para analizar reformas legislativas y otras propuestas para realizar frente a la multirreincidencia delictiva, sobre todo en los casos de delitos leves. "Las políticas públicas de seguridad son políticas sociales y progresistas porque garantizan la protección de las personas más vulnerables", ha dicho el alcalde.

La directora del Instituto I+Dret del ICAB, Maria Jesús Pesqueira, ha destacado el intenso trabajo realizado por el equipo de juristas que han participado en la elaboración de estas propuestas legislativas.

Los abogados y miembros de la Comisión de Normativa del Colegio Emilio Zegrí y Jorge Navarro han expuesto que su propuesta para combatir la multirreincidencia radica en la necesidad de modificar distintos artículos del Código Penal que deben ir acompañadas de medidas procesales, ya que la actual legislación para frenar la reincidencia no resulta efectiva.

Tanto Zegrí como Navarro han puesto de manifiesto que uno de los principales impedimentos a los que se enfrentan las autoridades policiales y judiciales para luchar contra la multirreincidencia es la reforma del Código Penal que entró en vigor en el 2022, a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo. La problemática para hacer efectiva su aplicación se da en que se estableció que todo el material robado debe superar los 400 euros y para obtener el importe de todo el material sustraído deben consultarse las sentencias, lo que limita y obstaculiza su aplicación en la práctica.

La propuesta relativa a multirreincidencia del ICAB propone una modificación del Código Penal para imponer una pena de prisión de uno a tres años a las personas que hayan estado condenadas antes por tres delitos de hurto sin tener en cuenta la suma del valor de los bienes sustraídos. Con esta medida "será la defensa quien tenga que probar la irrelevancia de los hurtos anteriores y no el juez", ha aclarado Zegrí.

También se propone que el robo de los móviles pase a ser considerado de delito leve a un delito menos grave al margen del importe del valor de ese dispositivo. Esta medida se traduciría en un endurecimiento de las penas en casos de sustracciones de dispositivos móviles.

Navarro ha destacado que con esta propuesta de la abogacía barcelonesa no "queremos más personas en prisión si no soluciones eficientes para afrontar la reincidencia existente en nuestro país, que es muy elevada".

La abogada y coordinadora de Formación ICAB, Cristina Vallejo, y el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona y director del Observatorio para la Transición a la Ciberjusticia de esta Corporación, Vicente Pérez Daudí, han expuesto la propuesta del ICAB para combatir el okupación ilegal.

Vallejo ha resaltado que las denuncias por okupación de inmuebles han pasado de 10.619 en 2017 a 17.274 en 2021, según datos facilitados por el Ministerio del Interior, y ha alertado del incremento durante los últimos cinco años, que ha sido de un 62,67%. También ha explicado que se tarda una media de 20 meses en poder recuperar la posesión okupada ilegalmente porque no existen mecanismos ágiles y eficaces en la legislación actual española, mientras que en otros países la recuperación es viable en un plazo de 24 a 48 horas.

Desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona también se ha resaltado que Cataluña es una de las comunidades autónomas con mayor índice de okupaciones ilegales, ya que de las 10.220 que se registraron durante el primer semestre de 2022 en España casi la mitad (4.341) se produjeron en Cataluña.

Por este motivo, la propuesta impulsada por la abogacía propone modificar la LECrim, en relación a la flagrancia. Hasta ahora, la "vocación de permanencia" impedía desalojar al okupa ha afirmado Vallejo, por lo que "hay que considerar un delito flagrante tanto el de okupación como la violación de domicilio", ha añadido.

La propuesta sobre okupación ilegal incluye la adopción de una medida cautelar de desalojo inmediato en un plazo de 48 horas cuando el ocupante no puede aportar un título de posesión legítimo, cuando la okupación implique poner en peligro la vivienda y/o el edificio o cuando provoque problemas de convivencia vecinal. Así lo ha expuesto Vicente Pérez Daudí.

Finalizado el acto, una delegación del ICAB, encabezada por el decano de la Corporación, Jesús M. Sánchez, ha presentado al delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, estas medidas.