Asimismo, recordamos lo que estableció la STS 2209/2019 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que indica lo siguiente:

“Una corporación de Derecho Público, representativa de una profesión y a la que es obligatorio afiliarse para ejercerla, no puede abandonar la posición de neutralidad que le es propia en ese campo para asumir posiciones ideológicas y políticas de parte, desconectadas, además, de los intereses profesionales a los que debe servir”.

La sentencia establece que las corporaciones de derecho público de colegiación obligatoria, como es el ICAB, no pueden emitir opiniones en este tipo de situaciones. La Junta de Gobierno actúa de conformidad con la presente resolución.